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La actual coyuntura que atraviesa la Universidad de San Carlos, da ciertas oportunidades para lograr la necesaria y urgente refundación. Es de suma importancia analizar la participación política de nuestra alma mater en el estado de Guatemala, como también las repercusiones que esta conlleva; los colegios profesionales tienen una importante cuota de poder dentro de la universidad, pero dichos gremios como todos sabemos responden a intereses sectoriales y únicamente ayudan a politizar mas la universidad.
El sistema político, de la universidad está integrado por el consejo superior universitario, máximo órgano de gobierno, elegido democráticamente por estudiantes y profesores, este se rige por la ley orgánica, facultades y escuelas que cuentan con su propio gobierno (juntas directivas) que a su vez están sujetas al consejo superior universitario y el más importante de todos el sector estudiantil, docente y administrativo.
La actual coyuntura puso en evidencia que dicho sistema atraviesa una fuerte crisis de ingobernabilidad que se resumen en cincuenta y cuatro días de cierre, dicho sistema político colapso. Debemos de tomar en cuenta que los principales factores que han generado un sistema político fallido, es la enorme politización que agobia a la universidad, actualmente el lema de la universidad “id y enseñad a todos” es relegado a segundo plano, por todos los poderes paralelos que han corrompido las institución del estado y que lamentablemente cooptaron a la universidad.
Debemos de estar consientes que la descomposición de la universidad inicia a raíz de que la constitución política de la republica es reformada en asamblea nacional constituyente en 1984, dentro de esta nueva constitución, se le da a la universidad una gran participación política; potestad para nombrar a un magistrado de la corte de constitucionalidad, un representante en la junta monetaria, además de participar en las comisiones de postulación para elegir magistrados de la corte suprema de justicia, salas de apelaciones, fiscal general y contralor general de cuentas, esto representa una gran responsabilidad política que le corresponde a una institución educativa asumir.
Ha sido evidente la permanente crisis de institucionalidad que padece el estado de Guatemala y el mejor ejemplo es que ya tenemos más de seis meses de no tener fiscal general, por la incapacidad de la comisión de postulación a elegir a un profesional idóneo, todos sabemos que este tipo de elecciones están viciadas por los poderes tradicionales y mientras nuestra universidad participe de ellos será un blanca fácil para estos poderes faticos.
Nuestra constitución les otorga un excesivo poder al rector y a los decanos de la facultad de derecho y de ciencias económicas y dicha participación lo único que nos ha dejado a lo interno de la institución, son procesos electorales altamente politizados y de poca credibilidad y han convertido dichos cargos en un botín político.
Los colegios profesionales se encuentran representados dentro del consejo superior universitario, como también dentro de las facultades y escuelas, estos grupos representan otro importante foco de corrupción y de intereses mezquinos, seamos objetivos ¿Qué le aporte hace el colegio de abogados a la escuela de ciencia política? O ¿a la universidad en general? Seamos realistas no aportan nada. El problema de la universidad es político, por lo tanto la solución debe de ser política, la institución debe de retomar el camino de la academia, la función de la universidad debe de ser educativo y no político.
